“La Soberanía Nacional Reside en el Pueblo”. Breve Reflexión y Una Pequeña Aplicación.

Hace veintiocho años ya (¡cómo pasa el tiempo!) estudiaba en la Universidad las sutilezas y exquisiteces dialécticas (y digo esto sin ironía) del régimen político español salido de la Transición, una de las cuales es, sin duda, la noción de soberanía consagrada en el artículo 1.2 de la Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. De entrada, salta a la vista que esta fue una fórmula de consenso entre los que veían la nación (podríamos decir, la organización política del pueblo) como el ente que detenta la soberanía y los que consideran al pueblo está a la base de la nación (y por consiguiente, las personas que lo forman, por así decirlo, en su parte alícuota) como el soberano. Con el tiempo, me ha llamado la atención los parecidos de esta fórmula con aquella otra de Vaticano II, que dice que Iglesia fundada por Jesucristo “subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él” (Lumen Gentium 8), lo cual, dada la matriz de pensamiento católica-romana de las élites españolas, no es algo tan descabellado como en principio pudiera parecer. No soy un especialista en la Constitución ni pretendo serlo, pero la curiosidad y otras circunstancias me han llevado a reflexionar recientemente en este concepto y tal vez pueda ser de utilidad compartir las siguientes ideas al respecto.

En primer lugar, la Constitución rechaza considerar la soberanía en abstracto. El concepto de soberanía se basa sobre una antropología, y esto a su vez, sobre una visión o relato sobre el origen del hombre (véase si no las afirmaciones de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos acerca del Creador y de los derechos inalienables de las personas, de los que procede la institución de gobiernos entre los hombres para garantizar dichos derechos). Sin embargo, en la Constitución española la soberanía es un hecho y es de la nación, la cual a su vez es la organización política del pueblo. Poco lugar hay aquí para el iusnaturalismo, el cual, sin embargo, sí que está presente en su artículo 10 –artículo, por otra parte, directamente procedente del Preámbulo del Fuero de los Españoles de 1945, Preámbulo que de hecho, en su formulación y como formulación, era más iusnaturalista que nuestra Constitución–.

En segundo lugar, por consiguiente, el concepto de soberanía consagrado en la Constitución española se basa en una visión antropológica en la que el colectivo prima sobre el individuo. Lo cual no es de extrañar, pues en la Constitución española se dieron cita tanto la derecha corporativista procedente del franquismo como la izquierda colectivista de siempre, constituyéndose además la nación como un “Estado social”, heredera de la tradición política alemana, que no es precisamente el estandarte de los valores individualistas a la base del liberalismo clásico.

Las diferencias entre ambas concepciones son evidentes, pero ello sólo es en apariencia, porque en el fondo, en tercer y último lugar, en última instancia soberanía popular y soberanía nacional que reside en el pueblo son totalmente análogas y equivalentes. Se puede ver esto en una situación última o extrema, como por ejemplo el 2 de mayo de 1808: en caso de colapso total del Estado o de alta traición por parte de los poderes públicos, el pueblo, que es el depositario último de la soberanía de la nación, estaría legitimado para reivindicarla y tratar de hacerla efectiva.

Dicho de otro modo: que es esencialmente lo mismo decir que el pueblo es directamente soberano y que delega el ejercicio de su soberanía en los poderes públicos (soberanía popular) que decir que el pueblo es el depositario último de la soberanía de los poderes públicos que emanan de él (soberanía nacional).

Si es así, como creo que lo es, el régimen político español, en base siquiera en parte a su insistencia en la soberanía nacional, no puede cerrarse en banda por la eternidad a siquiera tomar en consideración la misma visión de derechos de la persona sobre la que se basan los regímenes liberales de soberanía popular. Nos referimos, al menos, a algunos puntos muy particulares y concretos.

PD: A fecha de hoy, la conocida como escuela en casa, o educación en el hogar, sigue sin tener el debido reconocimiento por parte de los poderes públicos en España, como lo tiene en países basados en el concepto de soberanía popular (como Francia o Estados Unidos) o incluso en los todavía a caballo con el Antiguo Régimen por carecer de constitución escrita (como Reino Unido), y como lo estuvo en España por siglos (explícitamente reconocida en el artículo 5 del Fuero de los Españoles). En vez de reconocer el talento allí donde se encuentre, sin más, y favorecer su incorporación inmediata a la sociedad, a los padres que legítimamente optamos por esta opción se nos castiga en la persona de nuestros hijos a que estos se tengan que incorporar a los estudios reconocidos por el Estado (Bachillerato y Universidad) con dos años de retraso como mínimo con respecto a los que siguen el camino convencional. La única razón oficialmente reconocida en la doctrina al uso de los poderes públicos es la de la socialización, es decir, que el Estado quiere seguir manteniendo el monopolio de la formación ideológica de los futuros ciudadanos, que es la única socialización que al Estado realmente le interesa. Verdaderamente, ¿es esto razonable?

Tal vez todo lo que he dicho anteriormente ayude a entender esta situación y pueda contribuir a su solución. (A quien corresponda).

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