Sobre la Ley de Dios, por François Turretin (4)

II. Segunda cuestión

De la naturaleza de la ley moral 

Los preceptos del Decálogo, ¿son de derecho natural e indispensables?

 

Nosotros lo  afirmamos.

I. Acerca de la ley moral se pueden plantear cuatro preguntas.

1) ¿Cuál es su naturaleza?

2) ¿Cuáles son sus partes?

3) ¿Cuál es su uso?

4) ¿Ha sido abrogada?

En cuanto a su naturaleza, se habla de su inmutabilidad y de su perfección; acerca de sus partes, se habla acerca del reparto de sus preceptos y de su significado real; acerca de su uso, se pregunta si es absoluto o relativo, en función de los diversos estados del hombre (estado de naturaleza, de pecado o de gracia); en cuanto a abrogación, en qué medida se puede decir que ella ha sido o no abrogada.

El estado de la cuestión de la naturaleza de la ley moral

Si existe un derecho natural y necesario

II. La primera cuestión que trata sobre la naturaleza de la moral se refiere a su carácter indispensable. Para una buena inteligencia, (1) debemos operar una distinción en los términos normalmente usados en este asunto. La obligación es el derecho de la ley sobre el hombre obligado a observarla. La dispensa existe cuando la obligación de la ley es abrogada para un hombre en particular, quedando los demás bajo esta obligación. Hay una declaración o interpretación de la ley cuando se declara que esta no vincula en un caso particular. Hay limitación cuando la ley es abolida antes de ser capaz de ligar perfectamente, abrogación cuando lo que liga perfectamente simplemente ha sido abolido y quitado; y derogación, cuando ella ha sido parcialmente quitada.

III. (2) Debemos distinguir entre los preceptos simples, es decir, únicamente morales, que pertenecen al derecho natural, y los preceptos mixtos, morales y ceremoniales, en parte del derecho natural y en parte del derecho positivo, como por ejemplo, el cuarto mandamiento acerca del sabbat; este mandamiento es moral en cuanto al género del culto público, pero ceremonial en cuanto a las circunstancias de una época particular; otro ejemplo, el quinto mandamiento es moral en virtud del deber presente y de la promesa de longevidad, pero ceremonial en lo que respecta a la promesa relativa de la tierra de Canaán.

 

El derecho de dominio y de gobierno

IV. (3) Debemos señalar que el derecho de Dios, al menos en lo que respecta a las criaturas, es o bien de “dominio” –lo que incluye el derecho a poseer, disponer y usar a las criaturas como señor y propietario que puede usar y disfrutar de lo que le pertenece a su antojo– o el gobierno sobre las criaturas racionales, a las que Él gobierna como rector y legislador, a quien le corresponde la legislatura, el juicio y la ejecución, teniendo el poder de promulgar leyes, de juzgar en función de estas y de ejecutar la sentencia.

Este derecho se divide comúnmente en derecho natural y derecho positivo: por el primero, Dios prescriba a las criaturas racionales sus deberes (si alguien se opone a esto, existe “contradicción”, ya que estos derechos no se basan únicamente en la voluntad divina, sino en la perfección, la eminencia, la santidad y la rectitud de la naturaleza divina); por el segundo, Él ha prescrito, libremente y sólo por su voluntad, los deberes que no estaba obligado a prescribir, o de los cuales habría podido querer e imponer anteriormente lo contrario, sin perjuicio por ello a su perfección y a su santidad, y sin que ello implique contradicción.

V. De esta manera, todo lo que tiene una estrecha relación con la naturaleza, la perfección, la eminencia y la santidad de Dios, de lo cual Dios no pueda ordenar lo contrario sin perjuicio de su naturaleza, y que incluye una “contradicción” suponiendo que sea ordenada, es de derecho natural. Es cierto que Dios no puede negarse, ni hacer u ordenar nada que sea contrario a su propia santidad y su perfección. Así, Dios no puede ordenar que se le odie, que se diga blasfemias o mentiras; tampoco puede liberar al hombre de la dependencia y obediencia que se le requieren, porque esto implicaría que Dios no es Dios, es decir, la causa primera y el Señor absoluto. Se trata de lo que Bradwardine llama “causas anteriores”[12], que son así de manera natural, anteriormente a la voluntad divina. Del mismo modo, derecho positivo es todo de lo que podamos decir que Dios puede operar o ya ha operado modificaciones en la obligación. Tales eran las leyes simbólicas dadas a Adán, y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, que dependían de la libertad divina: es aquí también donde habitualmente se sitúa la permisión del pecado.

VI. Además del derecho divino natural, llamado primario, fundado inmediatamente sobre la naturaleza, la santidad misma de Dios (Él no podría querer ni ordenar lo contrario sin negarse a sí mismo), nos encontramos con otro, creado y secundario, fundado sobre la naturaleza de las cosas, según la constitución establecida por Dios y la conveniencia y la armonía mutua de las cosas entre sí. Sin embargo, no se le puede considerar como siendo de la misma necesidad que el primero, puesto que los deberes que se desprenden de él no tienen un mismo grado de obligación. El primero es inmutablemente absoluto: no hay ningún caso en el que Dios podría disminuirlo, sin que aparezca que Él traiciona su propia naturaleza, sobre la cual este drecho está fundado. Dios no podrá jamás ordenar ni aprobar que se le odie, la idolatría, el perjurio o la mentira.

El segundo derecho, a pesar que prolongue la norma natural de rectitud, dado que supone un cierto estado de cosas, este podría cambiar en algunos casos (al alterarse las circunstancias de las cosas o personas), pero sólo por el autoridad del que lo ha establecido. Por ejemplo, el asesinato y el robo (prohibidos por los mandamientos sexto y séptimo) podrían llegar a ser lícitos, al ser cambiadas algunas circunstancias, suponiendo que sea por un mandamiento divino o por una autoridad pública. En ese caso, puede referirse al derecho positivo, por supuesto, no absolutamente, o simplemente como tal, o gratuitamente, porque no tiene otro fundamento que no sea la sola voluntad de Dios, sino relativamente, siempre que él pueda admitir todavía una modificación conforme a la sabiduría del Legislador que ha establecido este orden (aunque se base en el orden de las cosas y la naturaleza creada).

VII. De esta distinción llevada a cabo en el derecho divino se desprende la distinción de los preceptos que vamos a hacer aquí. Porque estas cosas mantienen una relación  tan estrecha con la naturaleza de Dios (por ejemplo, la obligación de someterse a Dios y de venerarlo, la de tenerlo como único Dios, y otros similares) –habiendo establecido que la criatura es racional y gobernable, esta únicamente puede estar ligada a practicarlos– sin duda pertenecen, por tanto, al derecho natural. Pero aquellas que dependen de la libre voluntad de Dios, se deben referir al derecho positivo.

La mayoría coinciden en este punto, pero en lo que se refiere a la distinción particular y a la enumeración de las primeras y las segundas, no todos son unánimes: algunos atribuyen al derecho natural lo que otros piensan que pertenece al derecho positivo.

La “indispensabilidad”, considerada desde el punto de vista de Dios y del nuestro

VIII. (4) La inmutabilidad y la “indispensabilidad” se pueden entender de dos maneras: o de manera absoluta y simplemente, en lo que respecta a Dios, así como a nosotros mismos; o de manera comparativa y relativamente, en lo que se refiere a nosotros, y no a Dios. Nosotros no somos ni señores ni jueces, sino súbditos y acusados, no podemos añadir ni quitar nada a la ley. Sin embargo, este no es el caso de Dios, quien, como supremo Señor y Legislador, puede, en algunos casos, dispensar alguna ley dada por sí mismo, y esto, sin pecar.

IX. La cuestión es, pues, la de saber si los preceptos, no los de la ley ceremonial y forénsica[13] (que son, evidentemente, de un derecho positivo modificable), sino los de la ley moral (no en lo que respecta a los accidentes, sino a la sustancia), son del derecho natural –tanto primario como secundario (y no sólo positivo)– y por eso están necesariamente (y no sólo hipotéticamente) bajo la sanción de la voluntad divina, y son incapaces de estar sujetos a dispensa, no sólo por parte de los hombres, sino también de Dios.

Tres puntos de vista sobre la naturaleza de la ley

X. Acerca de esta cuestión, todavía hay tres opiniones conocidas: dos extremas,  que afirman la “dispensabilidad” o la “indispensabilidad” de los mandamientos, y la tercera (media), que sostiene que son parcialmente ambas.
La primera opinión sostiene que la ley moral es “dispensable” en todos sus preceptos; ella se basa sobretodo en el solo derecho positivo, que depende de la libre voluntad de Dios: Él puede, pues, cambiar esta ley a voluntad. Esta opinión es defendida:

1) por muchos escolásticos (Ockham, Gerson, P. d’Ailly, Almayn, y sus discípulos, motivados esencialmente por el deseo de expulsar el segundo precepto del Decálogo, y por el deseo de atribuir al Papa el poder de dispensar preceptos divinos);

2) por los socinianos, que insisten en la “dispensabilidad”, principalmente por la siguiente razón: para poder demostrar la imperfección de la ley mosaica y la necesidad de su corrección. A ellos se suman aquellos de nuestro lado que sostienen que la bondad o maldad moral de las cosas no tiene otra fuente que no sea la libre voluntad de Dios, de tal manera que las cosas son buenas y justas únicamente porque ellas son ordenadas, y no porque ellas fueran justas anteriormente; también, nada impediría a Dios que ordenara lo contrario, si lo desea.

La segunda opinión, la media, sostiene que los tres preceptos de la primera tabla son indispensables; que el cuarto es parcialmente “dispensable”; y que todos los demás, los de la segunda tabla, son “dispensables” (opinión de Escoto y Gabriel Biel, quienes por tanto eliminan estos preceptos de la ley natural, estrictamente hablando). Algunos de los nuestros se acercan de ellos, y sostienen que algunos preceptos morales del Decálogo, que se desprenden de la naturaleza de Dios, son absolutamente indispensables (como el primero, segundo, tercero, séptimo y noveno), mientras que los demás, que dependen de la libre voluntad de Dios (como el cuarto en parte, el quinto, sexto, octavo y décimo), a pesar de que sean inmutables e indispensables por nuestra parte, no son menos “dispensables” por Dios, quien puede, por algunas razones, ordenar lo contrario sin por ello hacer nada que repugne a su naturaleza.

La tercera opinión es la opinión de aquellos que sostienen que la ley natural, en todos sus preceptos, es indispensable, por la sencilla razón de que ella contiene la razón intrínseca de la justicia y el deber, no porque ella proceda de la ley, sino porque está basada en la naturaleza de Dios y procede de la naturaleza intrínseca de la cosa y de la proporción entre el objeto y el acto, comparada con las recta razón (o naturaleza racional). Así piensan Tomás de Aquino[14] y sus discípulos, Altissiodorensis, Richard de Middleton, P. Paludanus y muchos otros.

XI. Esta última opinión es la que está más extendida entre los protestantes ortodoxos; nosotros la hacemos nuestra, con esta limitación, no obstante, que todos los preceptos no están fundados de igual manera sobre el derecho primario de la naturaleza, sino que algunos se desprenden absolutamente de la naturaleza de la las cosas de Dios, y ordenan cosas que Dios quiere en total libertad y, sin embargo, necesariamente –de manera tan necesaria e inmutable, que no se puede querer lo contrario sin que haya contradicción–.

Otros preceptos dependen, sin embargo, de la naturaleza de las cosas (situándose la libre voluntad de Dios en medio), de manera que no se debería estimar que ellos poseen un igual grado de necesidad e inmutabilidad. A pesar que no se pueda hallar en ellos dispensa alguna, en el sentido estricto del término, no obstante puede intervenir a veces una declaración o una interpretación si las circunstancias de las cosas o de las personas han sido modificadas, lo que veremos más adelante.


[12] De causa Dei, 1.18.

[13] Relativo al forum, a las cosas de derecho público. [Nota del Traductor francés]

[14] Suma Teológica I.II, preg. 100, art. 8.

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