Sobre la Sentencia del TC acerca de la Escuela en Casa

Soy pastor de la Iglesia protestante en España, doctor en teología y licenciado en periodismo. Desde hace cuatro años, junto con mi esposa, enseño a mis cuatro hijos en casa, cuyas edades actuales comprenden desde los 12 hasta los 4 años. Lo he hecho en conformidad con la ley de mi conciencia, que depende en última instancia tan sólo de Dios y de Su Palabra (las Sagradas Escrituras). En cuanto a las leyes de los hombres, amparándome principalmente en el derecho a la educación y libertad de enseñanza reconocidos en la Constitución española (art. 27). Por lo tanto, sin atentar contra ninguna ley concreta que de ella dependa, dado que la enseñanza en el hogar es una realidad ni prohibida ni aun contemplada por la legislación vigente.

Sin embargo, la semana pasada se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional español acerca de un recurso de amparo de una familia de Málaga en contra de la obligación de volver a escolarizar a su hijo en una escuela oficial. (Dicho sea de paso, algo que ya hace tiempo que ocurrió, pues, según mis informaciones, se trata de una familia que mandó de vuelta a su hijo o hija a la escuela oficial tras la primera sentencia judicial en su contra en el año 2003, y que actualmente no está matriculada en ninguna de las escuelas que imparten programas de educación en casa. Contrariamente a lo que algunos medios de comunicación afirman, la familia no está obligada por la sentencia a volver a escolarizar oficialmente a su hijo, puesto que hace seis o siete años que ya lo hizo). La sentencia del Tribunal Constitucional, pues, excluye expresamente considerar que la enseñanza en el hogar esté comprendida bajo los derechos constitucionales y, por lo tanto, niega que exista en el marco legislativo español laguna legal al respecto.

Ergo, la sentencia del Tribunal Constitucional me convierte automáticamente en transgresor de la ley, contra el que, por tanto, el día menos pensado se puedan emprender acciones legales desde cualquier instancia. Asimismo, la sentencia se convierte inmediatamente, por su origen y procedencia, en una interpretación autorizada de la Constitución en relación con un caso particular, la enseñanza en el hogar, de acuerdo con la legislación vigente. Esta interpretación no podrá ser pasada por alto en las futuras ocasiones en las que casos similares acaben en los juzgados —cabe decir, también, hasta el momento los juicios realizados han sido invariablemente ganados por las familias que han sido acusadas, salvo en muy contadas excepciones, como es el caso de la familia de Málaga.

De esta manera, se entiende perfectamente que el Tribunal Constitucional nos pone a las miles de familias que hemos optado por educar a nuestros propios hijos en el hogar, en una situación especialmente delicada, al albur de la buena voluntad que la sociedad y más concretamente los poderes públicos quieran emplear con nosotros.

Por supuesto, espero no tener que volver a pasar nunca por la bastante desagradable experiencia de tener que volver a declarar ante un fiscal o juez por enseñar a mis hijos en el hogar, como ya hiciera en abril del 2007 —cuando, por cierto, el propio fiscal de menores provincial archivó inmediatamente la denuncia contra nosotros nada más conocer nuestro caso. Pero, como nunca se sabe lo que nos puede deparar el futuro, antes que cualquier circunstancia pudiera ocurrir, para que conste de antemano, quiero expresar públicamente mi total rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el cual con ella no sólo vulnera efectivamente la integridad de mis derechos fundamentales como persona —sean o no reconocidos por la presente Constitución o por la interpretación que el Tribunal de ella quiera dar— sino que virtualmente me declara delincuente. Y como no quisiera expresar este rechazo sin explicar las razones por las que opongo a dicha resolución, añado lo siguiente.

En primer lugar, tengo que señalar que esta sentencia del Tribunal Constitucional está ya, de origen, inevitablemente politizada. En este sentido, ciñéndome a la veracidad y a la prudencia necesarias, señalaré pocas cosas: primero, que el Tribunal Constitucional es, en su misma naturaleza, por la composición y nombramiento de sus titulares, y tal y como se ha podido comprobar en algunas de sus más recientes y polémicas resoluciones, una instancia eminentemente política de la judicatura, contra la que, además, no cabe recurso posible de amparo en nuestro orden jurídico.[i] Sin extenderme más en este tipo de consideraciones, tan sólo añadiré que querer juzgar la constitucionalidad o no de la enseñanza en el hogar a partir de la legislación actual como criterio decisorio, y pretender al mismo tiempo que el resultado de esta acción no se vea afectado por el contenido ideológico que sustenta la misma y de la que es producto, sencillamente, no es posible.

En segundo lugar, y centrándome ya más en las cuestiones de su contenido, tengo que decir que la sentencia del Tribunal Constitucional carece a todas luces del peso que una cuestión de la transcendencia de la enseñanza en el hogar requiere. Despachar esta cuestión simplemente con una resolución de 19 folios (de los cuales, además, los siete primeros presentan los antecedentes de esta sentencia, así como las alegaciones de los demandantes para presentar el recurso de amparo) no puede generar, y de hecho no lo hace, la confianza de que la cuestión se haya tratado, no ya de manera exhaustiva sino simplemente suficiente. Esto es, precisamente, lo que se pone de manifiesto al considerar la argumentación del Tribunal Constitucional:

1. Desestima la alegación de la familia demandante que habían sido discriminados por motivo de su nacionalidad (puesto que en su país de origen, la enseñanza en el hogar está debidamente reconocida por el Estado), simplemente por cuestiones de forma, sin entrar a valorar si esta, de hecho, se produjo. No se trata ésta de una cuestión menor, puesto que esta misma circunstancia (que uno o ambos padres sean extranjeros de países donde la escuela en casa es reconocida) no es nada infrecuente entre nosotros, los padres “home-schoolers”. Pero no sólo eso, virtualmente afecta a la inmensa mayoría de las familias que enseñamos en el hogar, puesto que lo hacemos en escuelas extranjeras debidamente reconocidas por sus respectivos Gobiernos. ¿Tenemos los padres, entonces, la libertad de matricular a nuestros hijos al centro de estudios oficial extranjero que nos parezca más apropiado, sin ser discriminados por ello, o no la tenemos? Esto no nos ha sido negado hasta el momento por ningún juez. El Tribunal deja por completo esta cuestión sin tratar.

2. Desestima igualmente, en otro folio más, el recurso de la familia en contra del requerimiento, en el primer juicio, de que los padres justifiquen el nivel de conocimientos de sus hijos, cuestión que era por completo ajena a lo que en allí se juzgaba, que era la constitucionalidad o no de esa enseñanza.

3. A continuación el TC pasa a tratar el verdadero corazón de la cuestión de la escuela en casa, que es la invocación de los padres de que el art. 27.1 de la Constitución (el derecho a la  educación y la libertad de enseñanza) los ampara. Lo primero que hace el TC, como hemos dicho, es negar que en el ordenamiento español haya laguna legal con respecto a la escuela en casa, citando las leyes que establecen la obligatoriedad de la escolarización (en particular, cita la LOCE, 2002) y concluyendo así que los padres están “incumpliendo un deber legal”.

Por supuesto, el TC no toma aquí en absoluto en consideración nuestros planteamientos como padres, pues nosotros no abogamos en modo alguno por la no escolarización de nuestros hijos, sino precisamente que se reconozca nuestra enseñanza en el hogar como un tipo específico de escolarización. Habría sido bueno, pues, que el Tribunal aquí hubiera siquiera reflexionado acerca de esta idea antes de imputar directamente a los padres un delito.

4. Dicho esto, el Tribunal aborda las cuestiones relativas al art. 27.1 de la Constitución. Niega directamente, así, que este artículo contemple, “ni siquiera prima facie”, la facultad de los padres para elegir un tipo de enseñanza ajena a la escolarización obligatoria.

a) Acerca de la libertad de enseñanza, nada impide, dice, a los padres enseñar libremente fuera del horario escolar. La libertad de los padres se circunscribe solamente a la elección del centro escolar.

b) Tampoco protege a la escuela en casa, según el Tribunal, el derecho constitucional a la educación, que, de acuerdo a su doctrina, se limita (una vez más) a la elección del tipo de centro escolar y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral conforme a sus convicciones.

Aquí está, por tanto, la clave del asunto: por un lado, el Tribunal niega a la formación integral de tipo pedagógico impartida por los padres en el hogar todo carácter de escuela, y por otro, limita la libertad de elección de los padres a los centros: 1) públicos, dependientes directamente del Estado; y 2) privados, a los que el Estado impone toda una serie de estrictas condiciones, tanto físicas como pedagógicas e incluso ideológicas. Con lo cual, el Estado sólo concede a los ciudadanos la libertad de escoger entre lo que él mismo ha, de manera directa o indirecta, establecido. Esto no se aproxima, ni de lejos, a un verdadero régimen de libertades, sino más bien a una variante suave de totalitarismo, que se puede llamar tranquilamente estatismo, puesto que lo es. Pero ¿significa esto que el individuo tiene realmente libertad frente al Estado y la puede ejercer de manera efectiva?

5. Concluye este apartado la sentencia abordando también la cuestión de la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH), art. 26, especialmente punto 3, y otros diversos acuerdos internacionales en materia de educación, que son invocados por los padres para amparar la escuela en casa. Como era de esperar, el Tribunal Constitucional considera que la interpretación que él hace del artículo 27.1 de la Constitución española es, en esencia, la misma que subyace en la DUDH: este último sería, según él, la “formulación genérica” del primero y, por tanto, ésta (la interpretación del Tribunal de nuestro artículo constitucional) una expresión particular del mismo.

Sin duda, es aquí el lugar donde la sentencia del Tribunal Constitucional hace aguas estrepitosamente. Uno habría esperado de estos altos magistrados que se hubieran tomado la molestia de explicarnos debidamente en qué consiste un “derecho humano”. ¿Es algo que le pertenece a la persona de manera inherente por su simple condición de ser humano, sea o no recogido, íntegra o imperfectamente, en las leyes (concepción iusnaturalista), o es algo que no existe fuera del derecho positivo que lo establece y expresa (concepción positivista)? Se puede decir que, a grandes rasgos, la primera es la propia de la herencia milenaria por el cristianismo del concepto de “ley natural”, que se transmitió por el puritanismo británico (si bien, acentuando la primacía de la ley divina revelada o escrita) y que es la que subyace en el liberalismo de tipo anglosajón; la segunda sería la característica de la forma continental (franco-alemana) de las ideas liberales. ¿Cuál es la concepción de la que hace gala el Tribunal Constitucional español en su sentencia? Es evidente que la respuesta sólo puede ser, la última. La prueba: según el Tribunal, el derecho constitucional no contempla, “ni siquiera prima facie”, la escuela en casa. El derecho, por tanto, es lo que el legislador establece en el momento que lo concede, y no más. Pero, ¿es ésta la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Por ser una declaración universal, ¿no tiene que forzosamente ser, en su misma esencia, una expresión iusnaturalista de los derechos humanos, sin depender de ninguna legislación positiva en concreto? ¿Está acaso lo universal definido por lo particular, y sería esto último lo que lo define y le da validez? ¿Y cuando ha existido nunca una ley positiva universal que haya definido el alcance del derecho humano?

Haciendo gala, pues, de una considerable premura, el Tribunal Constitucional asume lo que no se toma la molestia en demostrar para poner la escuela en casa fuera del derecho humano. Pero sigamos desmontando ésta su perentoria afirmación. Aceptemos por un momento su tesis. Si el artículo 27 de la Constitución española no ampara sino que excluye la enseñanza por los padres en el hogar, entonces, la DUDH la debe excluir del mismo modo, si en verdad ésta y la Constitución española poseen ambos la misma concepción esencial de “derecho humano”. Bien, pues entonces que me explique nuestro Tribunal cómo es que hay muchos otros países avanzados, occidentales, liberales y democráticos que, a diferencia de España, aceptan la escuela en casa como una opción educativa legítima, si es que ella en verdad no está comprendida en el derecho humano de la DUDH y, como sigue afirmando el Tribunal, atenta contra el derecho de los hijos a recibir una educación. ¿Es necesario volver a repetir aquí la lista de los países que aceptan la escuela en casa? ¿Por qué el Tribunal español se empeña en negar la evidencia, que el problema precisamente está de nuestra parte, en la particular concepción sobre la libertad individual que rige en España desde hace siglos, heterogénea amalgama de distintas tradiciones papistas, fascistas y socialistas?

Pero no sólo eso. El Tribunal llega incluso a mostrarnos la clave para una correcta interpretación del derecho de la DUDH: “ha de interpretarse sistemáticamente en relación con el art. 26.1 DUDH, que dispone que la “instrucción elemental será obligatoria””. Estamos de acuerdo, por supuesto, que la referencia del “derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (art. 26.3 de DUDH) no puede hacerse en contradicción con lo dispuesto en el art. 26.1 que cita el Tribunal. Pero, ¿significa esta “instrucción elemental obligatoria” del art. 26.1 DUDH exclusivamente lo que establece por ley nuestra LOE, máxime cuando un poco más adelante, el Tribunal Constitucional mismo está forzado a reconocer, al hablar del art. 27.4 de nuestra Constitución, que “[El art. 27.4 CE] dispone que la enseñanza básica será obligatoria, pero no precisa que ésta deba configurarse necesariamente como un periodo de escolarización obligatoria, de tal manera que la decisión del legislador de imponer a los niños de entre seis y dieciséis años el deber de escolarización en centros docentes homologados –y a sus padres el correlativo de garantizar su satisfacción–, lejos de ser una operación de pura ejecución constitucional, es una de las posibles configuraciones del sistema entre las que aquél puede optar”. Si lo que establece la legislación educativa dependiente de la Constitución (véase LOE) es sólo una de las “posibles configuraciones del sistema entre las que aquél puede optar”, ¿cómo pretende, por lo tanto, el Tribunal Constitucional que el art. 26.1 DUDH excluya  la escuela en casa como otra posible configuración, si ni siquiera lo excluiría la Constitución española si el Tribunal Constitucional y/o los legisladores así lo quisieran?

6. ¿Cómo escapa el Tribunal Constitucional al no pequeño problema causado por sus mismas palabras que acabamos de citar? Pues cree hacerlo (en el párrafo II.7) afirmando que la finalidad atribuida por la Constitución a la educación no es sólo una “mera transmisión de conocimientos” sino, sobretodo, “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Si algún mérito tiene el Tribunal es que, por lo menos, aquí habla con claridad: nos desvela que la misión encomendada a la educación es, por encima de todo, de naturaleza ideológica. Pero, si se nos permite, ¿por qué ese desdén del Tribunal a la hora de hablar de una “mera” transmisión de conocimientos, precisamente siendo, como somos, uno de los países desarrollados con un nivel educativo más bajo y encima, con mayores índices de fracaso escolar? ¿No cree el Tribunal que el mejor servicio que un sistema de enseñanza pueda hacer por niños y jóvenes es proveerle precisamente la “transmisión de conocimientos” más elevada, que prime precisamente la excelencia del conocimiento? ¿Me quiere explicar el Tribunal cómo es que la juventud española, la del “botellón”—que se emborracha pública y masivamente cada fin de semana y que no obstante puebla los institutos hasta una edad cada vez más avanzada—, es precisamente la beneficiaria de este nuestro sistema de enseñanza que les procura “el pleno desarrollo de la personalidad humana”? ¿Será capaz el Tribunal de negar que este “pleno desarrollo” se pueda alcanzar primeramente en el seno de una familia nuclear y bien estructurada? ¿Por qué no se para a pensar el Tribunal que nuestros hijos también tienen derecho a que sean enseñados por sus propios padres, si es que ellos disponen de la capacidad y el tiempo para hacerlo? ¿Cómo es posible que un sistema político que invoca el “respeto a los principios democráticos de convivencia” como principio fundamental de su sistema educativo no se dé cuenta que la enseñanza por los padres en el hogar es una de las expresiones por excelencia de estos “principios democráticos de convivencia” en una sociedad verdaderamente plural? Ciertamente, más fácil es intentar imponer a la sociedad un único molde (en este caso, el de la vacía retórica oficial al uso de “democracia”, “pluralismo”, etc.) que dejar a la gente que, por sí misma, dé expresión y configure una sociedad verdaderamente plural. ¿Por qué ese temor a que las personas y familias actúen de manera en verdad libre?

Podría continuar así, analizando y comentando el resto de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero, ¿para qué más? Creo que con lo dicho ya se ha presentado y puesto de manifiesto sus fallos fundamentales y clamorosos. Volviendo, pues, al punto fundamental avanzado al inicio, esta sentencia —que calificaremos simplemente de absolutamente inconsistente— es que nos declara, a mí y a miles de padres más en España, como transgresores de la ley. Ante ello, cabe preguntarse: ¿y ahora, qué?

Pues, a mi modo de ver, sólo caben tres posibilidades. La primera es, simplemente, continuar como hasta ahora: el Estado no reconoce la escuela en casa, pero por lo menos la tolera. Si el Estado no quiere, tampoco está obligado a más, y nosotros tampoco se lo pedimos. La segunda posibilidad: que, como muchos países de nuestro entorno, llegue a reconocer la escuela en casa bajo los términos y condiciones que él considere oportunos. Nosotros, por nuestra parte, los aceptaremos sólo en la medida que la enseñanza en el hogar siga siendo un tipo de enseñanza, por su misma esencia, libre con respecto al Estado y, sobretodo, no reciba de él su derecho a la existencia, pues éste es algo que, por el simple hecho de ser padres, nos pertenece. La tercera y última posibilidad sería que el Estado cometa la inicua insensatez de usar la sentencia del Tribunal Constitucional para emprender una persecución generalizada contra las miles de familias que hemos optado por la escuela en casa.

No me atrevo a decir cuál va a ser en el futuro su actitud. Quisiera creer, eso sí, que nuestros gobernantes, a pesar de la sentencia, estarán a la altura de las ideas democráticas y liberales que dicen profesar. Serían dignos merecedores, así, de la honra que se nos niega ahora a nosotros

Jorge Ruiz Ortiz


[i] Cf. Álvarez Conde, Enrique, El régimen político español, (Madrid: Tecnos, 1988), pp. 491-566, especialmente p. 496, 501-503.  Aunque se muestra partidario del mismo frente a sus críticos, Álvarez Conde presenta con objetividad los problemas inherentes a este Tribunal.

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  1. Silvia

    Muy bien analizado. Yo lo veo como tú. Y si el estado lo acepta bajo sus términos, me parece MUY improbable que llegue a ver que es un derecho de los padres, sino que como dices que no toleraréis (yo tampoco lo haría), es a por lo que irán, a darle el derecho a su existencia desde el estado, con los problemas que esto conlleva.
    Claro que a los que lo vemos así, nos dicen que somos herederos de los defensores de los derechos paternos provinientes de las Escrituras…no lo acabo de entender, hay personas no creyentes que también están del lado de la libertad, ah, sí, los llamados clásicos liberales. Lo digo por comentarios como este http://madalen.wordpress.com/2010/12/27/la-sentencia-del-constitucional-iv-el-testimonio-de-brian-ray/
    Aunque la opción de la persecución tampoco la descarto.
    A parte de todo, hoy por hoy yo continuaría intentando que el gobierno español se posicione…qué postura tan horrenda y retrasada la del estado español, bajo mi punto de vista.
    Y mi apoyo y ánimos a los que a toda costa seguíis educando a los hijos en vuestros hogares y al menos poniendo la espinita que puede llevar a algunas personas a la “acción” y mejora. ¿Quién sabe? Quizá un cambio político traiga con él nuevos aires que den vuelo a esta opción de la forma en que está reconocida y respetada en otros países (no precisamente Francia ni Alemania).

  2. Eduardo

    !Saludos cordiales !!

    Pues sobre este respecto diré que: !Pues si tenemos presente que los dogmas=Edictos-decretos(gr) asi como desde tiempos de Augusto Cesar Lc 2:1, son para violentar y forzar la justicia de Dios en la ley civil como en la eclesial. Significa que los que las tuercen para sus propios acomodos son los que quieren tiranizar con su neoescolasticismo filosófico, por lo cual no necesitan hacer ésto tras fachada religiosa, porque todo hombre natural o irregenerado es deseoso de imponerse. Digo ésto porque aquí en Colombia ha sido lo básico de la historia política de los partidos hoy repartidos. Y no nos sea sorpresa porque está prometida la vigencia de Ap 17:17, Prov 21:1. Y si asi es en España como ha sido en Colombia de que todo politiquero quiera modificar la constitución con caprichos y parcialismos arbitrarios, entre tanto que hablan de tolerancia a la multiformidad bajo cubierta de “derechos”. Creo que a los CALVINISTAS NOS ES UNA OPORTUNIDAD PARA AGRADECER AL SEÑOR DE QUE TRABAJO ES LO QUE TENEMOS DE USAR TODOS LOS CONTACTOS Y MEDIOS JURIDICOS JURISPRUDENCIALES PARA SOMETER A LOS TIRANOS A QUE NO SE SOBREPASEN DE LA LEY DE TEOCRACIA, LA CUAL A MI MODO DE VER ES LA QUE DESDE LA CREACIÓN DEL MUNDO PERMITE QUE LA CIZAÑA CREZCA junto con el TRIGO HASTA EL DIA DE LA SIEGA, POR LO CUAL SI ESTOS FLAGELADORES IGNORANTES QUE PRETENDEN TENER EL MUNDO POR SUS MANOS SE ESTAN LEVANTANDO POR EJEMPLO A FAVOR DE LA LEGALIZACIÓN DE HOMOSEXUALISMO, ADOPCIONES DE NIÑOS E IMPEDIMENTOS DEL “HOMESCHOLLER”, ES PORQUE posiblemente estemos negligentes en usar los medios reguladores para estos “reos tiranos”(recordemos lo que necesitaron hacer los hermanos hugonotes para con los inquisidores, e incluso el propósito de dar a conocer la Institución de la Religión Cristiana, fué para que un Rey conociera lo que pensaban a los que complacía en perseguir sin razón alguna. Insisto estas cosas son oportunidades para dar a conocer más potentemente el Cristianismo donde pretenden prevalecer las tinieblas. Y solo hacer REFORMACIÓN es volver a poner en su justo sitio lo que trata de salirse del orden establecido por EL PADRE DE NOSOTROS “EL TRIUNO DIOS”. Asi que; si por el área de la jurisprudencia se pretenden señorear del mundo los enemigos de la cruz de Cristo, pues con LA SOLA FE Y con los medios que en lo civil no pueden desconocer los que estan bajo “la luz de la naturaleza” es necesario restaurar LA JUSTICIA A SU LUGAR, de donde desde lo civil EL DIOS NUESTRO MUESTRA SU SOBERANIA ,HACIA LOS GOBERNADOS Y DESDE LO ECLESIAL PRESBITERIANO HACE PRESIÓN HACIA ENCONTRARSE EN ARMONIA CON TAL PODER CIVIL, PARA QUE ASI SEAN PUESTOS POR ESTRADO DE SUS PIES SUS ADVERSARIOS, creyentes de ser muy capaces de tiranizar a su antojo.

    Yo aunque no estudio jurisprudencia, consultare con uno que otro abogado, que me este cercano, y espero poder tener algo de consejo proximamente sobre este asunto de “homeschollers prohibido”. Estoy totalmente a favor de escuela en casa, más sin embargo !oremos más fervientemente para que nuestro Señor brille con su Iglesia en medio de éste obscurantismo, que amenaza a las futuras generaciones Presbiterianas. Con todo quizá sirva de algo ir informándonos personalmente los Cristianos de libros como:
    “Perjuicios morales”(este libro describe tres ramas de defensa,perjuicios morales, francés, perjuicio moral alemán, perjucio moral inglés. “Derecho procesal constitucional protección de los derechos constitucionales”Henao Hidrón “¿como defenderse del estado, guía jurídica para ciudadanos” Navas Talero Germán, Manuel Restrepo Medina.

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