En los últimos cuatro años, el Gobierno presidido por Zapatero ha propulsado toda una batería de acciones (matrimonio homosexual, divorcio exprés, clonación, Educación para la Ciudadanía, aborto, eutanasia, de momento) cuyo único fin es transformar definitivamente la realidad moral y espiritual tradicional en España. Es decir, que ha apostado firme y decididamente en la llamada “guerra cultural”, expresión importada del inglés que creo no muy afortunada, razón por la cual no la he empleado hasta el día de hoy. Pero a efectos prácticos, sirve para describir la actuación del Gobierno, y para explicarla.
En este contexto, se puede decir que la gran mayoría del cuerpo evangélico español ha optado, más o menos conscientemente, y por parte de algunas instancias, de manera absolutamente deliberada, por ocupar una especie de “centro virtual”, como si en el momento histórico que vivimos fuera posible una neutralidad entre las pretensiones de unos y otros; para ser más concretos, del Gobierno y de la Iglesia católica-romana. Esto lo explica todo de las declaraciones de buena parte de responsables evangélicos, que han hecho, hacen y –vista su particular insistencia en ese punto– seguirán haciendo del laicismo su particular bandera.
Estos hermanos no se dan cuenta de que, haciendo todo lo posible por negar o relativizar la importancia de la Iglesia católica-romana en España, lo que hacen precisamente es concederle toda importancia como referente último para nuestro país. Paradójico, pero cierto. Porque (1) conceden que la Palabra de Dios no sólo no ha de reformar bíblicamente la sociedad, sino ni siquiera a la Iglesia católica-romana misma (por supuesto, quedando los evangélicos también exentos de Reforma). Porque (2) carecen de discurso propio, al tener que ser todo lo que dicen y hacen mediatizado por la “diferencia evangélica” con respecto a la Iglesia católica-romana. En lugar de ello, hubieran debido afirmarse las propias convicciones (las de la Palabra de Dios) sin mayores preocupaciones por situarse en un imaginario arco político-religioso (derecha-izquierda-centro). Cosa que, en general, no se ha hecho. Tiempo habrá, tal vez, si el Señor lo permite, para poner esto debidamente de relieve.
De todos modos, lo que sí es cierto es que, entre nosotros los evangélicos, se ha suscitado un problema que, en el fondo, no es sino doctrinal. El problema muy bien puede presentarse así: ¿Cuál es el valor de la Ley de Dios?[1] ¿Tiene la Ley de Dios un valor absoluto y un alcance universal? Dando por sentado que la Ley y el Evangelio son dos mensajes distintos de la Palabra de Dios, ¿forma parte la Ley del mensaje que la Iglesia de Cristo ha de dar también al mundo, o solamente hemos de anunciar el Evangelio de la salvación? ¿Está la persona no-salva –irregenerada– obligada delante de Dios a cumplir sus mandamientos, o es esto simplemente una opción personal para ella? ¿Son los mandamientos de Dios exclusivamente para los creyentes, o incluso los irregenerados han de tratar de conformar sus vidas a sus exigencias? ¿Somos nosotros los primeros en tener que plantearnos estas cuestiones? ¿De qué manera han sido contestadas a lo largo de la Historia? ¿Cuáles son los criterios definitivos de la Palabra de Dios por los que nos tenemos que guiar en todas estas cuestiones?
Todavía hay, por supuesto, muchas otras preguntas que formular. Pero las que hemos expuesto sirven para que podamos percibir que la naturaleza de nuestro problema es, en el fondo, de tipo doctrinal. Por lo tanto, afecta de lleno a nuestro mensaje y práctica pastoral. Y acerca de la importancia del mismo, démonos cuenta de que el futuro para el mundo evangélico en nuestro país será totalmente diferente en función de cuáles sean nuestras respuestas.
[1] Por supuesto, todo esto es aplicable tan sólo a los evangélicos. Para los liberales, se tendría que empezar más bien por la pregunta “¿existe algo que se pueda llamar Ley de Dios?”
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Jorge Ruiz Ortiz, artículo publicado en diciembre ded 2008 en Tiempo de Hablar, bajo el título «El problema que vivimos»
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