El Sueño de la Razón Produce Monstruos (I): La Nueva Ley de Reproducción Asistida

El pasado día 16 de febrero [de 2006], el Congreso de los Diputados aprobó una nueva Ley de Reproducción Asistida, que viene a sustituir la actual, en vigor desde 1988. Para comprender la verdadera relevancia de esta ley, tanto en el plano legislativo como en el ético-teológico hay que hacer unas cuantas explicaciones, que normalmente no se suelen dar. Se podrían evitar éstas, claro, pero al riesgo caer en la demagogia barata, de la que los partidos políticos hacen tan exquisita gala siempre que pueden. Sin embargo, la realidad que tratamos es de una tal transcendental importancia para el futuro de la sociedad española, incluida en ella la iglesia evangélica, que merece que le prestemos una atención particular.

Silencio, se vota

Una de las cosas que más sorprende acerca de la aprobación, es que ésta se ha producido en medio de un notable “apagón informativo”. Todo el proceso de elaboración del Anteproyecto de ley, y las posteriores enmiendas por los partidos políticos, llevado a cabo durante el pasado año 2005, había sido seguido por la prensa sólo de manera muy puntual y vaga. Llegamos así a la semana cuando, en principio, la ley tenía que ser aprobada en el Congreso. El jueves 9 de febrero, la Conferencia Episcopal Española (CEE) de la Iglesia católica-romana hizo pública una nota de prensa, llamada “Ante la licencia legal para clonar seres humanos y la negación de protección a la vida humana incipiente”, en la que se alertaba sobre la posibilidad abierta por la nueva ley para la clonación humana llamada “terapéutica”, la creación de embriones con fines meramente de investigación, los “bebés-medicamento” o la fecundación de ovocitos animales con esperma humano. Ante ello, se hacía un llamamiento a los parlamentarios católicos (que alguno habrá) a que no apoyen con su voto esta ley. La declaración tan sólo generó al día siguiente un pequeño intercambio de descalificaciones entre el gobierno y la CEE. Pero ni la sangre llegó al río, ni la ley a votarse, porque había sido previamente pospuesta al jueves siguiente, día 16 de febrero.

Fue de esta manera tan peculiar como la sociedad civil pudo enterarse de que el Congreso de los Diputados estaba a punto de aprobar algo muy feo, de lo que se ignoraba prácticamente todo, empezando por el texto mismo de la ley. Huelga decir que, durante la próxima semana, los medios de comunicación no avanzaron nada de lo que iba a ser votado en el Congreso, ni siquiera la votación en sí misma. Sólo el jueves se informó que la ley había sido aprobada, pero con una atención informativa marginal dentro de las noticias nacionales del día. Por cierto, la ley contó con el voto de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, el cual la apoyó de manera parcial o selectiva. Lo cual, parece ser, no acabó de gustar al gobierno socialista. Por lo visto, sólo le valen los apoyos sin matices e incondicionales. Según la ministra de sanidad, Ana Salgado, los populares habían seguido los planteamientos “pseudos-religiosos” de los “sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica”.

Llegados a este punto, sería, sin duda, interesante comparar todo este secretismo que ha envuelto la aprobación de la ley en España, con los acalorados debates parlamentarios y sociales acerca de cuestiones de bioética, habidos en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, o Italia, donde la ley de fecundación asistida fue en su día objeto incluso de un referéndum. En España, evidentemente, seguimos otra tradición a la hora de tratar estos temas, y tantos otros. Sin ir más lejos, la primera ley de fecundación asistida en España (la del año 1988, en su momento, una de las más liberales del mundo) fue aprobada en el Congreso con un debate a puerta cerrada. Se adujo entonces el carácter técnico de la ley, y que era inapropiada para ser debatida por la sociedad. Por lo visto, para los partidos políticos (todos, sin excepción) la sociedad española sigue siendo, veinte años después, permanentemente inmadura e incapaz de emitir juicios éticos por sí misma. Hay que estar ciego como para no ver que esta sobreprotección por parte de los políticos a la sociedad civil que teóricamente dicen representar es una mina a cielo abierto de contradicciones y deslegitimaciones en lo que a su propia actividad política se refiere. Pero, aparentemente, esto les importa a ellos lo que les importa.

Al fondo de la nueva ley

Como hemos visto, el grito de alarma de la CEE relacionaba la nueva ley con la clonación terapéutica. Al día siguiente, el gobierno respondió diciendo que afirmar que la nueva ley permite la formación de niños clónicos era una “burda mentira”. Evidentemente, aquí chocan frontalmente las credibilidades de dos instituciones de la mayor importancia par un país, y en particular un país católico, independientemente de la opinión que la Iglesia católica-romana o el gobierno episcopal nos puedan merecer a nosotros los evangélicos. Esa no es ahora la cuestión, sino la de dilucidar la siguiente pregunta: Gobierno o Conferencia Episcopal, ¿quién tiene la razón, y quien, eventualmente, ha mentido (si es que al final ha mentido alguien)?

En principio, el gobierno es lo suficientemente hábil como para no dejarse atrapar en sus propias palabras. Tiene razón: afirmar que la nueva ley permite la formación de niños clónicos (clonación reproductiva) es una mentira. Si la leemos, no la encontraremos en ninguna parte. Es más, en su art. 1.3 la prohíbe expresamente. Lo que ocurre es que esta respuesta no se adecua a los enunciados de los obispos. “Abrir la puerta a la clonación terapéutica, que lleva consigo la reproductiva” (lo dicho por los obispos) no significa lo mismo que “permitir la clonación reproductiva” (lo dicho por el gobierno). La diferencia es tan evidente que no hace falta insistir mucho en ello. Por tanto, la nueva ley ¿abre realmente la puerta a la clonación terapéutica?

Para verlo, es necesario remontarnos un poco en el tiempo. El 25 de noviembre de 2001 se conoció una noticia que conmovió el mundo, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica. Se había conseguido en Massachussets la clonación de seres humanos para obtener células madre a partir de blastocitos (los primeros estadios de un embrión, de seis días aproximadamente). La noticia se dio en el Día de Acción de Gracias, que además caía en Domingo, noticia encaminada, sin duda, a que los muchos cristianos americanos tuvieran una feliz digestión del pavo. Esta noticia disparó las alarmas, ya bastante encendidas, de la así llamada “comunidad internacional”, y de esta manera, nos encontramos con una intensa actividad diplomática a lo largo del año 2002 para que la ONU diera una prohibición internacional de la clonación.

El consenso prácticamente universal estaba de acuerdo en condenar la clonación de seres humanos con fines reproductivos. Pero a partir de de ahí, las posiciones divergían. Destacó entre ellas la de la diplomacia española, del por aquel entonces gobierno de José María Aznar. La propuesta española pedía que la prohibición de la clonación reproductiva llevara consigo también la prohibición de la clonación terapéutica. Es decir, la diplomacia española abogaba con fuerza por la prohibición internacional de todo tipo de clonación. España mantenía así en la ONU la condenación del Parlamento europeo del 7 de septiembre de 2000 a todo tipo de clonación, la cual incluso afirmaba que la distinción entre la clonación reproductiva y terapéutica era una “estrategia semántica” tendente al debilitamiento del escándalo de la clonación. Asimismo, la iniciativa diplomática española se alineaba con los Estados Unidos, cuyo Congreso había prohibido, el 31 de julio del 2001, todo tipo de clonación, la terapéutica y la reproductiva. Pero además de éstas, había también otras posiciones más moderadas, como la presentada en común por Francia y Alemania, países, por otra parte, por lo general bastante conservadores en cuestiones de bioética.[1] En concreto, Francia y Alemania que se contentaban sólo con la prohibición expresa de la clonación reproductiva, aunque no llevara consigo la prohibición de la terapéutica. En el otro extremo, se encontraban los países liderados por el Reino Unido, cuya Cámara de los Lores autorizó, en el 27 de febrero de 2002, la clonación de embriones con fines terapéuticos y la creación del primer banco de células embrionarias.

Todo esto es lo que hay que tener presente a la hora de considerar la modificación de la ley de reproducción asistida, realizada por el gobierno popular en noviembre de 2003. Esta reforma procuraba sobretodo poner restricciones a la investigación con los embriones “sobrantes” de los procesos de reproducción asistida, los embriones que no fueran implantados en ninguna mujer. A principios y mediados de la década de los 90, este problema suponía una cuestión ética de primer orden. Incluso desde una perspectiva laica, no-creyente, se mantenía una especie de respeto ante lo sagrado de un embrión humano, lo que hacía que se congelaran indefinidamente dichos embriones y que no se les destinara a ningún otro “uso”, de investigación científica, por ejemplo. Pero ante el desarrollo de la investigación acerca de las llamadas “células madre”, a finales de los 90, este respeto fue progresivamente desapareciendo. Ante las decenas, los centenares de miles de embriones congelados en el mundo, y su imposibilidad de emplearlos con fines reproductivos, cada vez más se empezó a oír la pregunta “¿pero por qué no utilizarlos para la medicina?”

La ley de 2003 imponía, pues, restricciones a la utilización de los embriones para la investigación. Pero estas restricciones no eran absolutas: se podían seguir utilizando los embriones fecundados con anterioridad a la ley, e incluso, con restricciones, los posteriores a la misma. La verdadera relevancia de la ley, por tanto, no residía, como a veces se ha afirmado, en que vedaba la investigación con “células madre”, porque dicha investigación teóricamente podía continuar. La verdadera importancia de la ley hay que buscarla en el hecho de que vedaba el camino para la producción expresa de los embriones con fines de investigación. Dicho de otro modo, la ley vedaba el paso a que algún día pudiera haber clonación terapéutica en España. La prueba de ello se ve, claramente, en el hecho de que la ley del 2003 fue la ocasión para incluir en el Código Penal Español la prohibición de producir embriones con fines de investigación (art. 159), lo cual, en sí mismo, impide la clonación terapéutica. Por si fuera poco, el art. 160 definía como delito la clonación, en genérico, sin distinciones. Con el gobierno de Aznar, pues, el ordenamiento civil español se blindaba en contra de la clonación.

En esas que llega Zapatero

Sin duda alguna, la Historia guardará un juicio muy especial para José Luís Rodríguez Zapatero, el actual presidente del gobierno de España. En apenas dos años de gobierno, al tiempo que se reinventa completamente el país, habrá conseguido legalizar el matrimonio homosexual y, como veremos, la despenalización de la clonación terapéutica en España. Sin apenas resistencias significativas o eficaces. Algo verdaderamente asombroso.

El caso es que cuando era jefe de la oposición, Zapatero se había llegado a manifestar públicamente a favor de la clonación terapéutica, por aquello del avance de la ciencia. Por las razones que sean, no se llegó nunca a establecer la relación, en la sociedad y mucho menos en los círculos evangélicos españoles, entre esta muestra de talante personal con el anuncio, en el programa electoral del PSOE para las elecciones 2004, de una nueva ley de reproducción asistida. Y, ni mucho menos, el desaconsejar el voto al partido socialista por causa de esta extraña coincidencia, corroborada además por la evidencia de la siguiente afirmación, en pleno mitin electoral: “No toleraré que nadie imponga sus creencias para provocar retraso en nuestro país”. El tolerante Zapatero estaba hablando, precisamente, de la investigación con células madre embrionarias.

Fiel, por una vez, a su palabra, una de las primeras medidas que hizo Zapatero una vez en el gobierno fue la de anular, en julio del 2004, las restricciones legales impuestas por la ley del 2003 sobre la investigación con embriones humanos. Pero todavía quedaba la parte más importante del proyecto: la desactivación del blindaje del Código Penal erigido por el gobierno anterior alrededor de la formación de embriones con fines de investigación.

Esto es lo que requería, en nuestra opinión, la creación de una nueva ley de reproducción asistida. No porque la ley legalice explícitamente esta práctica. En principio, eso sería algo incluso fuera de su alcance, de su jurisdicción, por cuanto es una ley que regula la reproducción asistida. Sin embargo, la ley se concibe y se expresa contemplando la clonación terapéutica (o al menos, la formación de embriones con fines terapéuticos) como una realidad ya existente, e indudablemente se dota de los instrumentos necesarios para que, llegado el caso, la pueda llegar a emplear. ¿De qué manera lo hace?

a) La nueva ley levanta la prohibición del art. 3 de la ley de 1988, acerca de toda fecundación de óvulos con otro fin que no sea el de la procreación. Por lo tanto, implícitamente, ahora se permite la fecundación con otros fines, incluido el terapéutico.

b) Al permitir la fecundación con otros fines, los elementos de la ley de 1988 que perduran en la actual (los más importantes, el concepto de “preembrión” para referirse al embrión humano desde su fecundación in vitro hasta el día 14 de su existencia; o señalar como también objetivo de la ley la aplicación de las técnicas de reproducción en la investigación acerca de enfermedades de tipo genético, hereditario, etc.) adquieren en la nueva ley un carácter completamente nuevo.

c) Se especifican en un Anexo las técnicas de reproducción que van a ser usadas en esta nueva ley. Asimismo, se abre las puertas, en su art. 2.3, a la utilización de otras técnicas que por ahora no están especificadas. Este artículo establece que, para la incorporación de dichas técnicas, le bastará al Gobierno publicarlas mediante un Real Decreto.

d)  Por lo tanto, hipotéticamente hablando, para incluir la clonación terapéutica en el texto de la nueva ley, basta con que, una vez aprobada la ley, el gobierno la incluya, actualizando por Real Decreto el anexo de la misma, como nueva técnica de reproducción aplicable a la investigación genética. Y de esta manera tan sencilla, como por arte de magia, sin apenas debate parlamentario y sin que la mayoría de la población se haya enterado, la clonación terapéutica puede llegar a ser una realidad en España.

e) Pero no sólo eso. La nueva ley contempla claramente la existencia de embriones con otros fines que la procreación. De esta manera, el art. 14.2 establece: “Los gametos (espermatozoides y óvulos) utilizados en investigación o experimentación no podrán utilizarse para su transferencia a la mujer ni para originar preembriones con fines de procreación”. Lo cual, implícitamente, da a entender que se podrán utilizar para originar preembriones con otros fines. Lo cual se confirma con el texto del art. 12.3, que dice: “La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquiera otra finalidad no comprendida en el apartado anterior, o cuando se pretendan practicar en combinación con la determinación de los antígenos de histocompatibilidad de los preembriones in vitro con fines terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización expresa…”

f) Por activa y por pasiva, pues, la nueva ley contempla la existencia de embriones con otros fines distintos al reproductivo (terapéutico). Dado que se ha levantado, como hemos visto, la prohición de 1988 para formar embriones con otros fines que el reproductivo, estas afirmaciones incluyen también a los embriones formados exclusivamente con fines terapéuticos. Evidentemente, esto choca frontalmente, como hemos visto, con el Código Penal español actual, en sus artículos 159-160. Puesto que la nueva ley de reproducción asistida lo único que hace es contemplar la existencia de dichos embriones, pero no establece ni regula las condiciones de su creación, se hace necesario el concurso de otra nueva ley que venga a colmar esta necesidad. Esto es lo que hará la Nueva Ley de Investigación Biomédica, que el gobierno pretende aprobar este mismo año.

De esta manera, por el concurso combinado de ambas leyes, la recientemente aprobada acerca de la reproducción asistida y la que se aprobará acerca de la investigación biomédica, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero podrá conseguir que la producción de embriones con fines terapéuticos deje de ser delito en España.

Que el objetivo del gobierno es aprobar lo más rápidamente posible la clonación terapéutica en España, es algo que está fuera de toda duda, no sólo por las declaraciones de Zapatero antes de las elecciones, sino sobretodo por las repetidas declaraciones de la ministra de sanidad, Ana Salgado, insistiendo en que España contará con esta técnica. Nos limitamos a señalar las afirmaciones suyas aparecidas en la prensa, con fecha de 11-07-2005, con motivo de la firma del convenio entre el Ministerio de Sanidad, el Consejo de Investigaciones Científicas y el Instituto Salk (EEUU) acerca de la investigación sobre células madre. Lo que se pretende, pues, es que España ingrese en el club de los diez “selectos” países que practican la clonación terapéutica: Reino Unido, Bélgica, Suecia, India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur e Israel. De esta manera, España se pondrá resueltamente en contra de lo acordado por la Asamblea General de la ONU, que el 8 de marzo de 2005 aprobó finalmente una declaración en la que insta a los países miembros a prohibir “todo tipo de clonación”, por cuanto es incompatible con la dignidad de la vida humana. Evidentemente, en el breve lapso de cuatro años, España ha variado abrupta y radicalmente el sentido de sus alianzas internacionales en materia de la clonación. Sin duda, el resto del mundo no tiene que salir de su asombro de lo que ocurre en España. Es difícil de entenderlo incluso para los que estamos adentro.

¿En qué país vivimos?

Por lo tanto, lo que la nueva ley hace es, en realidad, abrir las puertas para que en España se dé, en muy breve tiempo, la llamada clonación terapéutica. El grito de alarma de la CEE, pues, era totalmente justificado y se correspondía con la realidad. El Gobierno ha procurado que la aprobación de la ley se hiciera en medio del mayor silencio posible, puesto que generar un debate social en torno a esta cuestión sólo pondría de manifiesto sus planes en torno a la clonación. Y sólo le faltaría al Gobierno, enfrascado como está en tantos marasmos y cenagales, que la palabra clonación saliera a la palestra y se le relacionara con ella. La imagen de José Luís Rodríguez Zapatero seguiría cayendo en picado, pero no sólo en España, sino sobretodo en el exterior, por cuanto quedaría universalmente de manifiesto su desmarque de la línea general europea para alinearse con Tony Blair, en una nueva y particular foto a dúo de las Azores.

Son perfectamente, pues, comprensibles las maniobras de despiste y disimulo practicadas por el Gobierno. Pero no son en modo alguno justificables. Difícilmente se puede imaginar un país democrático cuyo Gobierno apruebe un asunto de tanta importancia social como la clonación prácticamente a escondidas, sin que la inmensa mayoría de la población se entere de ello.

Pero no sólo eso. Es difícilmente imaginable un país democrático en el que, ante tales proyectos del Gobierno, la oposición política no reaccione en absoluto, como ha ocurrido en España. En vista de su escasa reacción ante los planes del gobierno socialista, sólo cabe concluir que, una vez defenestrado Aznar, el Partido Popular tiene que compartir la misma orientación o consenso básico en la materia de clonación terapéutica. Y si no es así, que lo diga claramente. Porque a lo largo de su historia reciente, el Partido Popular se ha llenado la boca de críticas hipócritas de lo que el partido socialista ha legislado, sin mover luego un solo dedo para modificarlas una vez en el poder. Véase el caso del aborto, por sólo citar uno. De esta manera, el partido socialista se está convirtiendo en el peón que hace a los liberales populares todo el trabajo sucio que ellos, para mantener cautivo el voto católico, no se atreven a hacer. Pero los fines de ambos siguen siendo los mismos. Por lo que, desengañémonos, a día de hoy, no hay fuerza política que represente en España la defensa de valores morales cristianos más elementales. Lo cual dice mucho del catastrófico estado espiritual y moral del país.

Difícilmente imaginable es, asimismo, un país democrático en el que los medios de comunicación no generan un debate en torno a estas cuestiones de bioética, como ha sido el caso de España. “Democracia deliberativa”, “democracia avanzada”, sin duda, eso es lo nuestro.

Pero, por último, lo que es peor, ¿cómo se puede explicar que las Iglesias, en un país democrático, donde gozan de libertad y no están perseguidas, como de momento sigue siendo el caso de España, hayan permanecido increíble y continuadamente mudas, ante los planes del Gobierno de aprobar la clonación terapéutica?

La Iglesia católica-romana podrá siempre decir que ella ya ha hablado, que ya ha cumplido, lo cual en un sentido es cierto. Y gracias a que lo ha hecho, en España nos hemos podido enterar de que el Gobierno quiere aprobar en breve la clonación terapéutica. Pero también es verdad que la Iglesia católica-romana tiene mucho poder, dispone de mucha información, y de medios de comunicación que llegan al conjunto de la sociedad. Que haya empleado todos estos medios sólo a última hora, y de manera fugaz y en voz bajita, es un pobre, muy pobre balance. ¿Por qué no ha hablado antes y más fuerte?

Pero, lo que de verdad nos ha de doler, es ver el “gran papel” desempeñado al respecto por la comunidad evangélica española, ahora que, según los más triunfalistas, se acerca al millón de almas. ¿Por qué el mundo evangélico, en el momento de su teórico mayor desarrollo de la historia, por sus instancias oficiales, no ha dicho nada acerca de los planes del gobierno? ¿Por qué razón las iglesias y los creyentes no nos hemos enterado de nada, como de costumbre? ¿No hay en ninguna parte ningún dossier abierto sobre la actuación del gobierno en bioética, comparable al existente acerca de las cuestiones de libertad religiosa? ¿Es eso lo único que nos interesa? ¿Por qué permanecemos, voluntaria o involuntariamente, al margen de todo lo que es realmente importante para el futuro de nuestro país, por lo tanto, también para el futuro de la comunidad evangélica? Sería bueno plantearse estas preguntas, e intentar responderlas, porque ante un gobierno como el que tenemos, seguramente uno de los más inicuos que ha conocido este país, tarde o temprano vamos a tener que empezar a hablar, y que hacerlo alto y claro.

[1] Sin ir más lejos, en Francia la ley de 06-08-2004 prohibía expresamente la clonación terapéutica.

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Jorge Ruiz Ortiz, artículo publicado en «Nueva Reforma», nº 73, (abril-junio 2006), pp. 9-14.