El Ídolo Abortista

Que los Gobiernos en España, y en particular el actual, han procedido y proceden con una sagacidad artera y fino cálculo en la cuestión del aborto, es algo que a estas alturas ha de estar fuera de toda duda razonable, aunque también sea cierto que no hay más ciego que el que no quiere ver.

Los tres supuestos abortistas de 1985 no fueron más que el primer paso para una implantación del aborto “libre” en nuestro país. Esto sí que ha sido una ley del aborto “a plazos”: primeramente se abrió la puerta al aborto –en teoría parcialmente– a la par que desde el poder se alentaba, ya en las escuelas, el carácter contestatario entre la juventud, y se propugnaba, televisión en mano, una verdadera revolución sexual en la población. Ambas cosas concebidas como medios para superar, en las costumbres del pueblo, el anterior régimen político. Todo ello no respondía más que a una estrategia ya diseñada y no podía sino producir lo que hemos visto en estos últimos veinticinco años: que la sociedad española de facto llegara a practicar masivamente el aborto llamado “libre”, es decir, sin ninguna traba ni restricción.

Ahora, pues, desde el Gobierno y sus aliados parlamentarios (nacionalismos de izquierda) se argumenta la necesidad de la nueva ley sobre la base de la existencia de una realidad social, la cual no se puede “criminalizar”, se ha de “reconocer” debidamente y, al menos sobre el papel de la ley, “normalizar”.

Hemos asistido así a la manera por excelencia de proceder de las izquierdas gramscianas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: primero se crean las condiciones sociales para el cambio, por la influencia y el modelo de las elites, particularmente las culturales (los llamados “creadores de cultura”), para después “acabar la faena” con una nueva legislación que reconozca plenamente esta nueva situación en la sociedad; y lo haga, cosa importante, elevándola a la categoría de derecho. Ejemplo paradigmático de esto lo encontraremos en el llamado “matrimonio homosexual”.

Esta manera gramsciana de proceder requiere, por parte de quienes la practican, bastante más paciencia y un carácter en principio más flexible y pactista que la toma abrupta del poder y el intento de una rápida transformación social por medio de las leyes, método tradicional de las izquierdas. Pero, a la larga, resulta tremendamente más eficaz.

Así que detrás, tanto de los tres supuestos de 1985 como de la nueva ley que nos echan encima ahora, se encuentra la misma voluntad y el mismo principio ideológico: el reconocimiento del aborto como un derecho de la mujer. Evidentemente, la palabra “aborto” –malsonante ella– debe ser suprimida sustituyéndola por eufemismos más llevaderos: como el clásico de “interrupción voluntaria del embarazo”. Dígase como se quiera, se contempla un nuevo derecho individual.

Ciertamente, la cuestión de los derechos de las personas es una compleja cuestión filosófica, pero no se puede en modo alguno contemplar si no es haciendo referencia, siquiera inconscientemente, a una “ley natural”. ¿Qué sentido, si no, tiene hablar precisamente de “derechos”? ¿Derecho ante qué o ante quién? ¿Ante el Estado, ante la vida misma? Sí, vale, quedémonos en “ante el Estado”, ¿pero derecho en base a qué? ¿Por qué precisamente este lenguaje?

De manera que aquellos que rechazan la idea de la “ley natural” –normalmente los izquierdistas, por todo lo que históricamente ha tenido de coincidente con la ley divina, pues desde nuestro punto de vista como cristianos, ambas son análogas e inseparables–, por su insistencia misma en la palabra “derecho”, aunque no lo vean (que no lo ven), la están por otra parte confirmando.

Pero un supuesto derecho a abortar solo puede existir en el interior de un discurso ideológico como el feminismo, el cual proyecta el discurso de la “lucha de clases” al ámbito de la relación entre los sexos y, particularmente, al de la familia.

Démonos cuenta, no obstante, de que no se trata tan solo de un supuesto derecho. Es, además, un poder: concretamente, un poder de decisión o –como si así se dijera– de autodeterminación. “Nosotras parimos, nosotras decidimos”: este era el lema de las feministas ya en los años 70, del cual sin duda nos vino la ley de 1985 y, ahora, la nueva ley de plazos. Si a la mujer se le concede o reconoce este poder, entonces es el sexo femenino quien tiene, en sus propias manos (sin que haya de dar cuenta en absoluto por lo que haga) el poder sobre lo que es, a fin de cuentas, lo más importante en la existencia humana: el poder sobre la vida y la muerte. La mujer, decidiendo cuándo y quién ha de nacer, se erige de este modo en soberana absoluta: cuanto ella haga en este ámbito dependerá exclusivamente de su propia afirmación, no pudiendo ser cuestionado por nadie.

Evidentemente, a nadie se le escapa que el aborto sea, de esta manera, el instrumento clave para una supuesta “emancipación femenina” en la sociedad. Esto no es baladí. Reconocer a la mujer este derecho y este poder supone revertir absolutamente toda la estructura de subordinación entre hombre y mujer, y de ambos al Creador (1 Corintios 11:3; Efesios 5:22-24). De ahí, el sexo femenino se convierte –previa “toma de conciencia” (concepto caro a la ideología marxista) de su propia realidad– en el estamento supremo en la sociedad.

La expansión de este supuesto “derecho” a las niñas de 16 años equivale, igualmente, a la ratificación sobre el papel de la ley de la insubordinación de los jóvenes en la familia y, particularmente, de las hijas a la autoridad parental, que es precisamente lo que se alienta y se alentará, por todos los medios, en la sociedad. Es, por ejemplo, el entierro definitivo –por si todavía quedara algún rastro de él– de la virginidad como un valor a preservar en las chicas antes del matrimonio. Pero es mucho más. Es la introducción de un principio que hace estallar todo el concepto de la patria potestad: el Estado se hace garante de un supuesto derecho de los hijos frente a los padres. Lo que en países como Estados Unidos está siendo debatido abierta y ampliamente en el terreno intelectual, aquí se implanta legalmente por la vía de los hechos consumados. Que las autoridades defiendan a los hijos frente a los padres cuando estos últimos atentan contra los primeros es algo que está fuera de todo cuestionamiento: ese su deber. Pero que, en condiciones familiares normales, lo hagan simplemente para afirmar la voluntad de los hijos –que se pretende soberana– frente a la autoridad o aun el parecer de los padres, no es en absoluto aceptable.

Estos últimos años –lo he dicho repetidamente y, ahora, lo digo una vez más– el Gobierno ha demostrado una y otra vez que niega el principio de la patria potestad, que traducido significa simplemente la autoridad de los padres sobre los hijos. Lo hace sobre el terreno filosófico, en el de los principios en juego, con sus actuaciones legales acerca del “matrimonio” homosexual o ahora del aborto de niñas de 16 años sin consentimiento paterno.

Por último, todo lo relacionado con el reconocimiento legal del aborto comporta, de manera obligada, la promoción de la homosexualidad entre los hombres. La aceptación de la homosexualidad –principalmente la masculina por los propios hombres– tiene, a buen seguro, efectos insospechados a largo alcance. La condición masculina y su papel en la familia y sociedad (aquello que llaman “machismo” y “patriarcado”) simplemente desaparece.

En sustitución de ello, tenemos lo que ahora estamos empezando a gustar. Solo Dios sabe por cuanto tiempo.

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Jorge Ruiz Ortiz. Artículo publicado en “Tiempo de Hablar” el 24 de marzo del 2009

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